El acuerdo se ha firmado en la sede del Departament d’Empresa i Coneixement en Barcelona. Al acto también han asistido la regidora de Bienestar Social, Convivencia y Política Social de Vivienda, Isabel Matínez.
Aigües de Mataró se suma a las 17 empresas que ya han subscrito el convenio con la Generalitat que son las siguientes: Agbar; Sorea; Anaigua; Comaigua; Gestaigua; Aigües de Sant Pere de Ribes; Aigua de Rigat; Aigües SVH; Aigües de Palamós; Aigües de Sabadell; Cassa, Aigües i Depuració; Aigües del Prat; Ematsa, Mina pública d’aigües de Terrassa, Aigües de Manresa i Gestió Integral d’Aigües de Catalunya.
Mataró ya dispone de un fondo social gestionado por la empresa de aguas con un importe de 65.000 euros para atender el pago del recibo del agua de las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Desde 2012 y hasta finales de septiembre ha habido 2.149 beneficiarios de este fondo, por un importe de 217.759€. Además , Aigües de Mataró dispone de una Trifa Social a la cual están acogidos 534 abonados.
El convenio recoge mecanismos para evitar el corte de suministro de agua potable a las personas con situación de vulnerabilidad, a las que están en trámite de solicitud o asignación de alguna ayuda o renta mínima y de las cualificadas con vulnerabilidad residencial. En estos momentos, Aigües de Mataró mantiene el suministro a pesar de impago a 129 abonados identificados como vulnerables, haciéndose cargo de una deuda acumulada de 14.501,95€.
Así mismo, AMSA flexibiliza el pago de las facturas de suministro de agua otorgando aplazamientos o el pago de manera individualizada a las familias en situación de vulnerabilidad económica o de exclusión residencial. Durante el 2015 se aplicaron 174 aplazamientos y/o fraccionamientos por un importe de 38.236,08€.
Por su parte, l’Agència Catalana de Consum se compromete a apoyar, asesorar y la colaboración necesaria a Aigües de Mataró para cumplir la legislación vigente en materia de consumo y, especialmente, en cuanto a la normativa de pobreza energética.
De acuerdo con este convenio, la empresa también informará anualmente a l’Agència Catalana de Consum (ACC) de cuál ha sido el alcance de las medidas que haya puesto en marcha. Esto permitirá que la Generalitat pueda, además de garantizar el cumplimiento de la ley, incrementar y sistematizar toda la información para evaluar la evolución de la pobreza energética y elaborar las políticas más adecuadas en cada momento. Con la firma de este convenio, la Generalitat prosigue con el despliegue de la Ley 24/2015.