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El Ayuntamiento de Mataró y la empresa Aigües de Mataró, SA (AMSA) han redactado un protocolo regulador de medidas contra la pobreza energética y la vulnerabilidad económica en relación al consumo de agua potable. El documento recopila las actuaciones que se llevan a cabo ante situaciones de pobreza energética para evitar los cortes de suministro y para facilitar el pago de las facturas a las familias vulnerables.
El texto se aprobó el 10 de noviembre en el Consejo de Administración d’Aigües de Mataró y el 18 de noviembre en un decreto del Ayuntamiento. La actitud proactiva d’AMSA se ha materializado en acciones concretes cómo son la Tarifa social y el Fondo social que se llevan a cabo desde el año 2012 y ahora se han recopilado y ampliado por consenso del Gobierno y los grupos de izquierda de la oposición (ERC, VOLEMataró, CUP e ICV-EUiA) a los que finalmente se ha unido el resto del consistorio.
Marco legal
El documento se enmarca legalmente en una serie de normativas respecto las situaciones de pobreza energética que se han visto incrementadas en los últimos años. Son las siguientes:
-La Ley 20/2014, del 29 de diciembre, de modificación de la Ley 20/2010, de 20 de julio, del Código d Consumo de Catalunya para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo.
-La Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
-La Resolución EMC/1848/16 de 19 de julio de la Agencia Catalana de Consumo de la Generalitat de Catalunya según la cual se da publicidad al Convenio marco de adhesión, colaboración y cooperación con las actuaciones de sus Servicios básicos de atención social destinadas a la cancelación de deudas por suministros básicos de agua, luz y gas. El pasado 10 de noviembre, el Ayuntamiento de Mataró se adhirió a este convenio.
-Reglamento municipal de Prestaciones Económicas de Urgencia Social del 2012.
Tarifa social
Aigües de Mataró ofrece una tarifa especial, llamada tarifa social, a los abonados a quienes la Agencia Catalana del agua reconoce derecho a disfrutar del canon social. A estos abonados, AMSA los aplica también una reducción en el precio del agua y el alcantarillado.
El precio del primero y el segundo bloque del agua pasa de los 36 céntimos de euro y 70 céntimos de euro de la tarifa doméstica normal, a 10 céntimos de euro para los beneficiarios de la Tarifa Social. Además, se tiene que sumar el descuento que ofrece el canon social en el precio del canon del agua.
Ser beneficiario de esta tarifa puede llegar a suponer un descuento total de 10,50 € respecto a la tarifa doméstica normal.
Para poder disfrutar de la Tarifa Social d’AMSA, hay que tramitar primero el Canon Social de la Agencia Catalana del agua. Este trámite se puede hacer presencialmente en las oficinas del ACA, con el trámite en línea desde la web del ACA en las oficinas d’Aigües de Mataró (calle de Pitàgores, 1-7), o bien en su punto de Servicio d’AMSA en el vestíbulo de las oficinas de Bienestar Social (avenida de Josep Puig i Cadafalch, 101) los martes y jueves por la mañana.
Desde que se va instaló este punto de información, en junio del 2016, y por otras medidas comunicativas, se ha visto un claro aumento de las peticiones de la Tarifa Social. En concreto, en el año 2014 había 94 abonados con esta tarifa especial, 310 en el 2016 y a noviembre del 2016 hay 582 abonados.
Fondo social
AMSA ofrece, desde el 2012, otro mecanismo de acción social que es un fondo de 65.000 € anuales para hacer frente a las facturas impagadas por parte de familias con riesgo de exclusión residencial. Este recurso fue habilitado antes de la regulación por parte de la Generalitat de Catalunya de las medidas de lucha contra la pobreza energética (Código de Consumo y Ley 24/2015). Este fondo no está vinculado al sistema tarifario sino que responde a criterios socioeconómicos y de consumo que hay que acreditar por medio del correspondiente informe de Bienestar Social del Ayuntamiento.
El protocolo, con una vigencia de un año y prorrogable automáticamente por anualidades, también incluye otros supuestos para evitar el corte de suministro de aquellas unidades familiares que pasen por una situación de vulnerabilidad. También hay disposiciones sobre situaciones que se dan como cambios de nombre del titular del contrato, contrataciones provisionales y otros supuestos.